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¿Juegos Supérate 2015, una piscina sin fondo?

El mes de junio, inició con una noticia que ha sembrado la incertidumbre al interior del deporte caucano: la captura de la exgerente del Instituto de Deportes del Cauca (Indeportes), Ana Bolena García Ricardo; junto con el exfuncionario Manuel Velásquez Sierra y las entonces contratistas Claudia Ximena Trujillo y Estefanía del Pilar Sánchez Cañas, por la presunta comisión de tres delitos contra la administración pública: peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, y contratación sin cumplimiento de los requisitos legales.

Estos delitos se habrían cometido en el desarrollo del Convenio 086, del mes de junio, de 2015, que realizó Indeportes, Cauca con la Fundación Redes, para llevar a cabo los Juegos Supérate Intercolegiados de ese año. Al parecer, y según el ente investigador, los capturados se habrían apropiado aproximadamente de la mitad de los 1 millones, que giraron tanto el departamento como la Nación, esta última a través de Coldeportes, para el desarrollo de dicho certamen deportivo.

En la audiencia pública de imputación de cargos, la Fiscalía sacó a relucir un rosario de presuntas irregularidades, que van desde la falsificación de recibos, sobrecostos injustificados, reporte de servicios que al parecer nunca fueron prestados y suplantación de personas, entre otros hallazgos logrados en el proceso de investigación, que hoy tienen a los capturados tras las rejas, mientras las investigaciones avanzan. ¿Cómo fue que sucedió este posible caso de corrupción para el ente acusador?

El convenio con Fundación Redes

Los rumores sobre los posibles manejos irregulares de los dineros del deporte del Cauca eran inciertos. Sin embargo, con estos primeros resultados de la investigación de la Fiscalía las cosas parecen cambiar, debido a que se abre la puerta a la comprobación o no, de corrupción al interior de Indeportes, Cauca, durante el periodo 2012-2015.

En el caso particular del Convenio 086, de los Juegos Intercolegiados Supérate 2015, la administración de Temístocles Ortega aportó la suma de 1.404.268 millones según se lee en el proyecto de código SSEP 2015 0190000035; mientras que Coldeportes giró a Indeportes Cauca la suma de 9.615.037, a través del convenio interadministrativo No. 279 de abril 10 de 2015. Esto dio un total de 1.019.305, recursos destinados para esta competencia estudiantil de 2015.

Pero aquí se tomó una primera decisión: contratar con la Fundación Redes para que manejara la puesta en marcha del certamen deportivo intercolegiado. En ese momento, dicha fundación, que aparece en el registro de Cámara y Comercio del Cauca, con sede en Piendamó, tenía como representante legal a Luis Gerardo Franco Arce (hoy, con actualización de 31 de marzo de 2016, aparece como representante legal el señor Hugo Franco Posada).

En este punto, para las autoridades, empiezan las irregularidades porque no se realizó un estudio previo de idoneidad y de necesidad en la etapa precontractual de la firma de este convenio. “No se encuentra demostrado en los documentos estudiados que en la etapa precontractual del convenio 086 de 2015 se haya acreditado la experiencia e idoneidad de la Fundación Redes. No existen documentos que demuestren los resultados satisfactorios que acrediten la capacidad organizacional, financiera, técnica y administrativa de la fundación en la ejecución de una actividad benéfica o de interés público”, explicó la Fiscalía. Pero va más allá y advierte, que Indeportes entregó a la Fundación funciones y responsabilidades propias de la entidad descentralizada, situación que no está permitida por la legislación colombiana.

El Nuevo Liberal se dirigió, con dirección en mano, hacía el municipio de Piendamó, Cauca, en busca de la sede física de la Fundación Redes, con fundamento en la información de la Cámara de Comercio, y no fue posible hallar las oficinas. Es más, se acudió a la Secretaria de Planeación Municipal para consultar la proyección cartográfica oficial, actualizada en mayo de 2011, y aun así la carrera 4 NRO. 10-122 no pudo ser ubicada.

Además, los vecinos del tramo de la carrera 4 entre calles 10 y 11, manifiestan no conocer, ni haber escuchado, de la fundación en cuestión. Sin embargo, al consultar por el representante legal, los ciudadanos indican que se le ubica en la salida a Silvia, en una casa de un piso en la que hoy se construye una segunda planta. Uno de los consultados informó que en ese lugar se desarrollaron reuniones de la Fundación Redes.

Por situaciones como esta, la Fiscalía emitió una serie de órdenes de policía judicial a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, conformado entre otros, por dos especialistas en contratación pública de la Universidad Externado de Colombia, para que realizaran una evaluación minuciosa de la forma cómo se planeó, legalizó, ejecutó y liquidó dicho convenio.

¿Y dónde está la plata?

Entrados ya en el análisis de cada ítem del contrato y la verificación de los valores reportados, se empezó a develar, para la Fiscalía, lo que podría ser el trasfondo del problema: una serie de sobrecostos que desembocarían en gastos no justificados y que ascendían a casi el 50% de los recursos destinados para esta competencia deportiva, y de los cuales no se sabe en qué se invirtieron.

Los investigadores fueron hasta localidades como Puerto Tejada, Santander de Quilichao en el Cauca, Pereira en Risaralda y Jamundí en el Valle del Cauca, para entrevistar a personas que, según el documento de liquidación entregado por Indeportes y Fundación Redes, prestaron servicios de transportes, juzgamiento o de alimentación. Y aquí la primera sorpresa: dichos proveedores, en palabras de la Fiscalía, “nunca prestaron servicios a estas entidades en el marco de los Supérate Intercolegiados 2015, ni recibieron sumas de dinero como aparecen en los comprobantes de egresos que sustentan los gastos realizados en esta actividad deportiva”.

De hecho, según se conoció en las audiencias públicas, algunos transportadores no tenían conocimiento de consignaciones de dinero por motivo de traslado de deportistas a localidades como Suárez o Caloto, por ejemplo. “En otros casos, aparecen facturas de egresos firmadas por los proveedores indicados en la liquidación del convenio, y que, al interrogarlos por esta situación, los transportadores manifestaron que nunca firmaron dichos documentos”, advirtió la Fiscalía.

Lo que revelaría, de ser comprobado por completo, la falsificación de firmas y de documentos e incluso la suplantación de personas para justificar el supuesto gasto de algunos dineros, en este caso, en materia de transporte, uno de los ítems del convenio en cuestión.

“No existen documentos que demuestren los resultados satisfactorios que acrediten la capacidad organizacional, financiera, técnica y administrativa de la fundación en la ejecución de una actividad benéfica o de interés público”, Fiscalía.

Pero uno de los datos, dados a conocer por el ente acusador, revelaría que las irregularidades se presentaban incluso desde las diligencias más mínimas. “El caso de la compra de balones para fútbol sala, marca Molten, fueron legalizados mediante comprobantes de egresos por un valor de 0.000, cada uno; pero el valor real, verificado por los investigadores, es de .000”. Algo parecido habría sucedido con la compra de los trofeos.

El administrador del Hotel Farallones en el 2015, al ser consultado por los investigadores, también manifestó que la factura presentada por Indeportes y la Fundación Redes no es propia de este establecimiento. Es decir, al parecer, fue adulterada para justificar recursos de un alojamiento de deportistas que nunca se dio, y esto se habría presentado en otros establecimientos. “Esa factura no era la usada por ellos (…), el propietario aportó los talonarios, papelería y sellos usados por este establecimiento, quedando en evidencia que la factura presentada en la legalización no corresponden a la realidad”, según la Fiscalía. Con este documento habría un valor injustificado de millones.

No suficiente con esto, la Fiscalía también aportó material probatorio sobre gastos no justificados de “supuestos pagos a restaurantes, cuyos administradores manifestaron en medio de las entrevistas sostenidas con los investigadores del CTI, que nunca prestaron dicho servicio”.

Probablemente los implicados en este lio judicial habrían suplantado personas, realizado sobrecostos de servicios y productos, falsificado documentos, entre otras acciones para ocultar gastos injustificados. Por eso, la Fiscalía concluye, que la documentación presentada no está acorde con la realidad, gracias a las conclusiones de la investigación que también fueron guiadas por las declaraciones del testigo estrella del caso, quien ha entregado información detallada. Además de varias interceptaciones telefónicas.

En síntesis, para las autoridades judiciales, los juegos Supérate Intercolegiados 2015 tuvieron un valor real de ejecución de 4.372.704 millones. Mientras que en el reporte entregado por Indeportes Cauca, el certamen deportivo constó 6.962.504 millones. Lo que desemboca en una diferencia de 8.711.028 millones, dineros que no se saben dónde están y serían los sobrecostos que comprobarían el presunto caso de corrupción.

Al parecer el desorden para el reporte de información final de este convenio fue tal, que la Fiscalía encontró una diferencia aproximada de millones, entre el informe final de ejecución de Indeportes y lo reportado por la Fundación Redes.

Si bien el ente acusador no tipificó el delito de concierto para delinquir, sí explicó que cada uno de los capturados actuó haciendo caso “a una división de trabajo criminal”, para obtener un fin común, lo que en derecho penal se establece como una imputación recíproca. Es decir, que cada uno responderá por todo sin importar que haya realizado una parte.

Así las cosas, y de comprobarse las tesis del ente investigador, a Ana Bolena García Ricardo, junto con Estefanía Sánchez Cañas y Manuel Velásquez Sierra se les imputó el cargo de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. A la primera por tramitar, celebrar y legalizar; mientras que Sánchez Cañas solo por tramitar y Velásquez por liquidar el convenio 086.

Mientras que en los delitos de falsedad en documentos públicos y privados, y el peculado por apropiación, a todos los capturados se les imputó estos cargos. La única diferencia es el verbo rector, unos fueron tramitadores, otros ejecutores y otros liquidadores para la Fiscalía.

Lo cierto es que los capturados no aceptaron cargos y ahora los abogados de la defensa tendrán que controvertir las pruebas puestas sobre la mesa por la Fiscalía.

La punta de la pirámide

Este caso, que tiene en la cárcel a los cuatro implicados, es solo uno de los 64, que están en espera de análisis profundo por parte de la Fiscalía, donde se encuentran convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios, entre otros.

Las presuntas irregularidades se vendrían presentando desde el 2012, año en que Ana Bolena García Ricardo, asumió la gerencia de Indeportes; cargo que ejerció durante toda la administración de Temistocles Ortega Narváez. Pero, al parecer, desde el 2013 se intensificaron las supuestas irregularidades.

Lo cierto es que la Fiscalía aún no ha destapado todas las cartas y está mirando con lupa otros convenios con fundaciones y organizaciones deportivas para saber si se encuentran o no movimientos sospechosos que indiquen un grado de corrupción. De ser lo primero, nuevas personas entrarían a ser investigadas. Además, en ese caso ya no sería un presunto detrimento de los Juegos Intercolegiados Supérate 2015, sino que trascendería a un desfalco de grandes proporciones en los recursos de Indeportes, Cauca, durante, al menos, tres años.

Texto y fotos: tomados de EL Nuevo Liberal

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